Arnoldo Pirela
Contribuir a esa discusión desde y para Venezuela nos plantea el reto de identificar un conjunto de elementos de reflexión, que abarquen adecuadamente la complejidad de aspectos involucrados. Al mismo tiempo, debe hacerse un esfuerzo de diagnóstico en torno a propuestas de solución o caminos a tomar, no importa lo polémico que ellos luzcan: primero, porque las soluciones a estos problemas, la identificación de un modelo exitoso de industrialización, tiene que centrarse en Venezuela, su idiosincrasia, sus potencialidades y capacidades, su “cultura” si lo queremos llamar así. Segundo, porque la controversia está muy lejos de quedar agotada y su extensa discusión es lo que puede garantizar que precisamente se llegue a propuestas asentadas en nuestras potencialidades y no en la copia más o menos al carbón, de otras experiencias.
Poniendo la mente en estos criterios de carácter general, no permitimos presentar una lista de asuntos claves para la discusión. La idea nos la planteamos por la necesidad de identificar lo que llamamos los cinco puntos más importantes presentados de lo general a lo particular. Por tanto, esta lista no pretende negar la existencia de otros puntos o problemas de igual importancia. (4).
Uno de los signos destacables del proceso político venezolano en el importante papel que juegan los partidos políticos en la acción cotidiana del Estado. Esa dinámica político-burocrática, signada por visiones temporales que en el mejor de los casos no superan un quinquenio, se ha señalado como obstáculo para la instrumentación de muchos programas necesarios dentro de una política de promoción de la competitividad. El problema central es que el desarrollo tecnológico y su programación o proyección en el largo plazo (entre 10 y 20 años), es una condición imprescindible para tener impactos apreciables en el valor competitivo de nuestros bienes y servicios.
Hasta ahora la discusión acerca de las formas que adopta el ejercicio del poder en Venezuela, ha demostrado, y la situación política de la Venezuela actual lo ha expresado con dramatismo, que es éste un problema no solamente central sino que avanzar en su consideración es prioritario, en la medida que nos enfrentamos a la necesidad de construir un buen modelo teórico como base de la mejor práctica posible. Permítasenos a partir de ahora poner las cosas en términos crudos, pero creemos que es útil considerarlo de esa manera y, percibimos, que así está en el ánimo y estilo de la discusión planteada.
Los funcionarios de organismos como CONICIT y FINTEC y el cuerpo técnico del Ministerio de Fomento, si se plantean la necesidad de producir ideas novedosas sobre el papel de la tecnología en el desarrollo de la competitividad de la economía venezolana, si desean desarrollar pensamiento y acciones trascendentes, estrategias, de impacto en el largo plazo, deben enfrentar una paradoja en su trabajo cotidiano. No obstante la intención de largo plazo que puedan tener, la oportunidad se les presenta dentro del marco real de cada gestión de Ministro o Director y, en el mejor de los casos, de un período presidencial.
En ese sentido, y como razón de orden práctico, se necesita en estos cargos un personal técnico en el mediano y alto nivel, no sólo bien calificados, sino estable y sin ataduras político-partidistas. Además, es necesario que en el ejercicio de sus funciones logre desarrollar instrumentos y propuestas fácilmente operativisables por cualquier funcionario y con resultados previsibles en los próximos años. Ello, precisamente, para hacerlos útiles y visibles en el marco de los elementos de la dinámica político-burocrática, los cuales sabe cortoplacistas, y por tanto imposibilitados de enfrentar la necesaria visión de largo plazo sobre el desarrollo tecnológico-competitivo o de la competitividad.
Este problema plantea la necesidad de desarrollar una idea central, un esquema de acción trascendente, prácticamente una consigna o “slogan”, capaz de ser entendido por “cualquier persona” o funcionario de la estructura media y alta del aparato burocrático del Estado; que sea capaz de orientar su acción cotidiana y mediatizar la tendencia natural al cortoplacismo.
Un ejemplo ilustra el objetivo que nos planteamos. El modelo de desarrollo por sustitución de importaciones, las estrategias que se definieron y la política que se aplicó para llevarlo a cabo, funcionaron durante un tiempo, entre otras cosas, porque cualquier organismo o funcionario medio o alto podía con claridad visualizar su propia acción en el corto plazo, aún si no entiende su contribución a ese objetivo de largo plazo. Ello se podía fácilmente expresar en la necesidad de fijar determinados aranceles, de otorgar créditos, de organizar la información estadística sobre importaciones, de definir o apoyar programas de investigación y casi de cualquier cosa, siempre y cuando permitiera que lo importado se produjera en el país.
Lograr algo similar en una economía abierta supone, sobre todo, la presencia de un cuerpo de ideas muy claras sobre la marcha de la sociedad, un conjunto de reglas de juego relativamente estables y un alto contenido emocional movilizador, apoyado en la apelación a las propias capacidades y potencialidades.
Dentro de las posibilidades de esta reflexión se puede, sin embargo, aprender de aquellas experiencias que con un rango menos ambicioso han resultado exitosas, son casos en donde la claridad de objetivos, la persistencia en el tiempo y en el espacio, la movilización y concentración de recursos y, “last but not least”, el estímulo a las personas involucradas, no sólo los “jefes” sino toda la gente a partir de su propia autoestima y la valoración de su concurso, han permitido crear un hito, una base firme a partir de la cual se construye un país. Es el caso del Sanitarismo o la Malariología nacional, en donde la existencia de un liderazgo técnico y personal, más los elementos ya nombrados, permitió, pese a las insuficiencias técnicas, presupuestarias, culturales y a los cambios de gobierno, lograr un objetivo casi utópico: erradicar la malaria. Estudiar esta experiencia, a la luz de esos elementos cohesionadores arriba mencionados, puede ilustrar cómo se construye un proceso creativo y exitoso en un contexto negativo.
Por otra parte, el problema de la falta de visión de largo plazo y la existencia de estructuras de acción política inevitablemente comprometidas en los resultados prontamente visibles, no pueden dejar de lado el hecho que la política tecnológica y la acción del Estado para promover la competitividad se forma también en decisiones cotidianas, con resultados visibles en un corto espectro de tiempo. En ese sentido hay dos esferas complementarias que deben ser atacadas. Un, las decisiones sobre el inicio de grandes líneas de desarrollo en particulares tecnologías, las que pueden ser catalogadas de estratégicas o de amplia influencia en los desarrollos de nuestra competitividad y que afectan muchas empresas, industrias o sectores. Las llamadas “nuevas tecnologías” (biotecnología, telecomunicaciones, informática, nuevos materiales y otras) para poner un ejemplo. Por otra parte, se debe promover y desarrollar mecanismos y estructuras que contribuyan al desarrollo de la competitividad de las empresas en sus actividades de cada día. Acciones que estimulen y soporten en nuestras empresas su capacidad de adaptación, su flexibilidad, su disposición a asumir riesgos, la formación y recalificación permanente de los recursos humanos y la acumulación, creación y difusión de información especializada.
Obviamente estos dos elementos, como señalamos, son necesarios y en muchos sentidos complementarios, después que el Estado y las Empresas, de manera concertada, han tomado la decisión o han establecido las prioridades referidas a grandes líneas de trabajo y no a productos particulares, son necesarias las transformaciones y adaptaciones organizacionales capaces de responder rápidamente y tomar ventajas de los resultados que se van produciendo en las investigaciones alrededor de esas grandes líneas, para así transformarlas en productos y servicios concretos que pueden ser comercializados. Por ello es necesario la estrecha cooperación y concertación entre los diversos actores involucrados: Estado, empresa y Universidades y demás centros de investigación.
Para nosotros, la clave de este proceso complejo está en la información fluida y confiable entre los diversos actores. Y la primordial responsabilidad del Estado está, para la situación de Venezuela, en promover en grande esos mecanismos de localización, creación y difusión de información, capaz de incidir en todos los pasos y actividades de las empresas. Ellas van desde la realización de sondeos, exploraciones y estudios de tendencias tecnológicas y de mercado, apoyo a la investigación más fundamental y a los mecanismos de vinculación de nuestras universidades con las empresas, financiamiento directo y promoción de la I & D en las empresas y en cooperación con universidades y con otras empresas nacionales o internacionales; para finalmente, involucrarse en el diseño, transferencia, manufactura y comercialización de tecnologías innovativas, tanto de productos y procesos como de formas organizativas. El problema es pues, transformar a la política de promoción del crecimiento en una política de búsqueda, creación y difusión de información especializada, directamente vinculada con las empresas.
La educación y calificación de la gente y el desarrollo de las capacidades humanas es, obviamente, la base fundamental de cualquier estrategia de desarrollo y competitividad. Fomentar el uso y desarrollo de información especializada, significa invertir en complejos y variados sistemas de infraestructura y formación de recursos humanos, cuya traducción en valores competitivos es función directa del tiempo y de la cuantía y estabilidad o seguridad de los recursos que se aplican a ese fin.
Un problema central, en la Venezuela de nuestros días, es la necesidad de promover masivamente la excelencia, por la vía de afinar los mecanismos de selección y orientación. El punto inevitablemente toca una controversia crítica sobre el sistema educativo. Si bien aceptamos que la masificación de la educación ha sido necesaria y hasta inevitable, hoy se plantea salvarla del profundo deterioro que la aqueja. Por lo tanto, probablemente, se trata de aplicar los modelos de excelencia que se están aplicando en mayor o menor grado, en casi todos los países y en algunas instituciones venezolanas. Como señala un documento de AsoVac: “esta reflexión es compleja y difícil, en particular en una sociedad que ha cultivado el igualitarismo como sustituto de la equidad”. (5) (Pirela et al, 1990). Se trata de fomentar el verdadero pensamiento crítico y la capacidad de desarrollar idea y proyectos innovadores, desde el obrero al empleado de la empresa privada y del Estado, hasta el gerente, el ejecutivo o el directivo de más alta calificación.
Los problemas claves que debe atacar el Estado son muy visibles para cualquier educador y hasta para cualquier padre medianamente preocupado por la educación de sus hijos. Primero, las graves deficiencias de la formación primaria y secundaria en cuanto a matemática, lenguaje y ciencias. Segundo, la transformación y flexibilización de las estructuras universitarias, tanto en docencia como en investigación y extensión, en un sentido amplio, el cual considere las vinculaciones con las empresas. Finalmente, la necesidad de vinculara a las empresas y al aparato empleador del Estado con la estructura educativa para facilitar la transición de la educación al empleo o trabajo.
Me detengo en un aspecto que vale la pena destacar, nuestras instituciones académicas o lo que convencionalmente se llama en Venezuela y en casi toda América Latina, el “Sector de Ciencia y Tecnología”, así con mayúsculas y entre comillas, debe también entender las nuevas formas de organización de la investigación, en todos los campos del conocimiento. Nuestras Universidades y Centros de Investigación deben entender y sacar el mejor provecho posible de los amplísimos mecanismos y posibilidades que ofrece la investigación cooperativa. Todo ello indica que nuestras universidades tienen que reformarse o transformarse internamente y, afortunadamente, lo están haciendo, aunque formalmente no esté así establecido.
Debe entenderse que la actividad de investigación lo que necesita, esencialmente, son recursos y unos pocos, pero muy claros parámetros éticos de carácter general (sustentabilidad ambiental, por ejemplo); se trata, pues, y no sólo en lo relativo a la investigación, de lo que C. Pérez denomina “nuevo sentido común”. (Pérez C., 1989). Después de eso, sólo se requiere y desea libertad y flexibilidad. Se requiere, pues, de una actitud innovadora en el sentido amplio, no sólo del conocimiento que se desarrolla, sino de las formas de organizarlo y gerenciarlo, así como de las modalidades de relación e interrelación que se puedan establecer. En pocas palabras, ser creativos en el sentido más amplio.
Se requieren estructuras y programas promotores de la excelencia y que orienten para la diversificación y para la construcción de capacidades en diversos niveles. Hacen falta estructuras y programas flexibles, desburocratizados, donde impere, dentro de un marco ético general, las necesidades de la investigación de los investigadores. Estructuras flexibles en lo interno y en su capacidad y disposición a vincularse con el exterior. En suma, lo que hoy es exótico o puntual debe formar parte de ese “nuevo sentido común”.
Un país, más aún, uno pequeño como Venezuela, no puede fijar muchas líneas prioritarias de desarrollo. La historia de la industrialización en diversos países ha demostrado las necesidades de especialización. Aun en países inmensamente grandes y ricos como los Estados Unidos, el proceso inicial de su industrialización estuvo marcado por uno o dos sectores claves, los cuales construyeron esa capacidad inicial con potencialidades de diversificación.
La prepotencia en la selección de prioridades es una de las claves de los fracasos venezolanos. Por tanto, proponemos explorar, y adelantamos algunos elementos de la discusión, tres líneas que lucen con mayor potencial, lo que no quiere decir que todas puedan desarrollarse con la misma fuerza, para convertirse en soporte de grandes exportaciones.
El Estado venezolano al momento de nacionalizar, estatizar y monopolizar la industria petrolera, construyó, con INTEVEP, un instrumento de desarrollo competitivo de este sector. Quince años después, la industria petrolera luce estar capacitada para explotar, además de nuestros recursos de hidrocarburos, el negocio de la tecnología asociada. Además percibimos que la industria petrolera posee una que parece entender el valor del conocimiento y los mecanismos que le son inherentes: estimula la formación de recursos humanos en las universidades y hasta en la educación media, promueve investigación básica y académica, construye complejos y actualizados sistemas de información especializada, vincula sus actividades propias de investigación, desarrollo y producción con todas las fuentes accesibles de conocimiento y experticia nacional e internacional y, en alguna medida, trabaja para desarrollar proyectos tecnológicos que estimulen su competitividad y generen recursos, en tanto que productos y servicios distintos de los hidrocarburos y derivados.
Es inevitable pensar que esos éxitos están asociados a la gran dimensión de ese negocio, a su experiencia internacional y al “cuidado” que le ha prestado el país, en su sentido más amplio. No obstante las prédicas acerca del “estiércol del diablo”, en el fondo de nuestro “corazón” cada venezolano ha sentido la necesidad de cuidar su industria petrolera. Afortunadamente hoy, después de casi una década en la cual se limitó la capacidad de inversión a PDVSA, está planteado un desarrollo en los límites de las posibilidades de esta industria. Es decir, de gran envergadura, capaz de arrastrar a toda o casi toda nuestra pequeña y atomizada economía industrial y de servicios.
Tan previsible es la fuerza motriz de los llamados “megaproyectos” de PDVSA, que el Ministerio de Fomento, no obstante operar con el mito de no “seleccionar ganadores”, ha propuesto la elaboración de política sectorial para estimular la competitividad del sector petroquímico y químico.
Estos hechos nos plantean las siguientes preguntas: ¿hasta qué punto existe en PDVSA, y en sus mecanismos claves de decisión y acción sobre el desarrollo tecnológico-competitivo (INTEVEP, Gerencias de Tecnología de las Operadoras, Directivos, Gerentes y demás personal técnico de alto y medio nivel), una visión acerca de la necesidad de involucrarse en compromisos de desarrollo tecnológico cada vez más ambiciosos y de vanguardia? y, si en todo caso es así, ¿cuáles son esas líneas de acción?, ¿cómo se complementan con estrategias de desarrollo tecnológico provenientes de otras instancias del Estado (Min. Fomento, CONICIT, CVG y otros); así como de las empresas o instituciones y sectores conexos, en el sentido más amplio: sectores productivos, de servicios, de formación de recursos humanos y de investigación, etc.?.
Responder estas preguntas demanda, además, conocer y elaborar tomando en cuenta: las tendencias tecnológicas mundiales en el área de química y petroquímica y sectores convexos; las tendencias de los mercados mundiales en esta área. Igualmente es necesario comprender las características, estrategias y política de las empresas competidoras más importantes del mundo y de las emergentes. Las características de los Estados que le sirven de marco de acción y sus estrategias y políticas de desarrollo de la competitividad. Las capacidades tecnológicas y potencialidades de nuestra estructura industrial en petróleo, petroquímica y química, tanto privada como estatal y mixta. En definitiva, información especializada para entender los fenómenos y tomar decisiones.
El sector metalúrgico está altamente concentrado en una organización, la cual, junto a energía y otros, representa la segunda más grande corporación industrial del país. Para ella, el Estado está obligado a definir una estrategia tecnológica. Además, en el país se han desarrollado algunas estructuras privadas de producción en esos sectores, las cuales han dado muestras de poseer una “cultura tecnológica” (Pirela et al 1991), capaz de hacerse competitivas con el auxilio del conocimiento sistemático. Hoy se plantea la necesidad de dotar a este sector de una fuerte estructura de investigación y desarrollo productivo capaz de motorizar la competitividad de esta industria y sus sectores conexos.
Este problema se plantea, necesariamente, en el contexto siguiente: el proyecto de desarrollo de Guayana, dadas sus dimensiones, fue inevitablemente concebido como un programa de muy largo plazo. No obstante, sabemos que ha sido víctima de todos o casi todos los efectos negativos del proceso político y de las formas de ejercicio del poder en Venezuela, de esa dinámica político-burocrática de la cual hablamos en el punto 2.1.
El asunto más importante que se nos plantea es que, aún en la eventualidad del éxito de una voluntad política dirigida a un “muy rápido” proceso de privatización, si tomamos en cuenta el volumen de los activos involucrados y la inercia que arrastra la tramada estructura de este complejo industrial, pensamos que no es factible, pero tampoco deseable, la pérdida de unidad de propósitos, así como de la visión de conjunto para la acción y posibilidades de aprovechamiento de fuerzas sinérgicas que esta estructura industrial posee y puede desarrollar o ampliar. Aun con la privatización y salvo que un solo grupo económico tome control de la mayor parte del complejo, es inevitable e imprescindible el desarrollo de mecanismos de concertación y cooperación entre las diversas unidades empresariales y de decisión que allí se establezcan.
Por otra parte, están bastante claras muchas de las cadenas productivas que vinculan a la industria metalúrgica con la industria petrolera, petroquímica y química. Estas se han integrando con niveles interesantes de eficiencia productiva y aporte a una cadena de valor crecientemente competitiva. Los programas de desarrollo de proveedores de PDVSA, así como los de CADAFE y unos intentos más recientes de EDELCA han dejado ver los mecanismos de encadenamiento y sus potencialidades de desarrollo tecnológico competitivo. Además, hay estructuras de investigación con fuerza y vocación industrial (Instituto de Ingeniería, p. e.), los cuales están atendiendo algunos tramos de la cadena. Finalmente, contamos con datos serios que indican que la segunda fuerza de investigación básica y aplicada, vinculable a problemas industriales, con que cuenta el país se concentra en ésta área (Pirela et al, 1991).
Estos mecanismos, y otros derivados de la industria privada, han estimulado la construcción de un grupo de empresas de mediano tamaño con cultura tecnológica e interesantes niveles de desarrollo tecnológico y organizacional. Todos juntos, este sector y sus conexiones, se nos presentan con potencialidades, las cuales deben ser evaluadas.
Estos elementos obviamente, indican la necesidad de reflexión y elaboración respecto a este sector y sus problemas. Para ello se plantea también la necesidad de conocer, elaborar y proponer salidas que tomen en cuenta: las tendencias tecnológicas mundiales en el área de metales, metalurgia y materiales avanzados, las tendencias de los mercados mundiales en estas áreas. Las características, estrategias y política de las empresas competidoras más importantes y de las emergentes. Las características de los Estados que le sirven de marco de acción y sus estrategias y políticas de desarrollo de la competitividad. Además, las capacidades tecnológicas y potencialidades competitivas de nuestra estructura industrial en estas áreas (privada, estatal y mixta). Las necesarias precisiones sobre los mecanismos de encadenamiento entre los sectores de petróleo, petroquímica y química con metalurgia, metalmecánica y otros materiales, así como las modalidades o posibilidades de su desarrollo.
Finalmente, no podemos olvidar la inevitable vinculación de este sector con el necesario desarrollo de una industria nacional de bienes de capital. Este punto lo trataremos en el aparte 2.4, referido especialmente al tema y en una dimensión aún más compleja, la que se vincula con el proceso de negociación, adquisición y transferencia de tecnología.
Una última línea que proponemos explorar, no por ello la menos importante, se refiere al sector agroalimentario vinculado tanto a programas de carácter social como de competitividad. Venezuela ha desarrollado durante largo tiempo la idea de la seguridad alimentaria como esquema básico para el desarrollo de la agricultura. Si bien consideramos que como tal es un idea discutible, por su carácter simplista y en gran medida superado o imposible de realizar, no deja de tener importancia, si se logra transformar en un programa combinado de competitividad y apoyo social, más que de seguridad alimentaria. En ese sentido, se plantea la necesidad de identificar un conjunto de cadenas productivas en este sector, capaces de cubrir una o las dos condiciones básicas para ser tecnológicamente estimuladas con apoyo de un programa público y ambicioso. Es decir, deben responder, bien a un potencial competitivo directo o a un fin social que potencie la competitividad general de la economía por vía del aumento de la calidad de vida de los trabajadores.
Se ha señalado, y muy pocos discuten la afirmación, que el papel de juega la industria de bienes de capital en una economía, su nivel de complejidad, su estructura y fortaleza, son indicadores claves del desarrollo tecnológico de un país. Esta idea ha sido en gran medida el motor de la política de fomento de la ciencia y la tecnología centrada en el desarrollo tecnológico endógeno o propio, en la carrera por desarrollar tecnologías de producto y procesos adecuados o apropiados, no dependientes de fuentes foráneas de conocimiento y tecnología; pues ellas son incapaces, en el concepto de sus promotores de responder a las necesidades específicas de nuestras condiciones de vida y hasta de nuestra cultura (6) (Avalos, 1991).
La política y estrategia de “Self reliance”, el esquema de tecnologías apropiadas y algunos contrabandos ideológicos cargados de chovinismo han alimentado gran parte de la política de C y T en Venezuela, aun después de haber “pasado de moda” la propuesta ideológica original. Ahora bien, la verdad del asunto es que la mayor parte de nuestros empresarios industriales y buena parte, si no la mayoría, de la comunidad científica son de origen extranjero. Por otra parte, las pocas innovaciones tecnológicas que se han logrado desarrollar dentro de nuestro territorio (Salas Capriles, 1975), han contado con una escasa participación de personas nacidas en nuestro país: casi todos son inmigrantes o primera descendencia de ellos.
Así las cosas, el desarrollo de nuevos productos y de una industria local de bienes de capital debe, desde el principio, despojarse de esa atmósfera falsamente “nacionalista”, para integrarse como parte de una estrategia moderna apoyada en la negociación efectiva, la transferencia real y la vinculación estratégica. Crear una base de información sólida que alimente este proceso es punto clave de partida y mecanismo fundamental para fortalecer la capacidad negociadora de nuestros empresarios.
El desarrollo tecnológico y la reconversión de nuestra industria inevitablemente pasa, junto con transformaciones organizativas, por un masivo proceso de negociación, adquisición y transferencia de tecnología en productos, procesos, sistemas de control y formas organizativas. Capacitarse y organizarse para ello, así como, conjunta y consecuencialmente, desarrollar una industria de bienes de capital y estimular los potenciales innovativos en productos, debe ser un eje de la política del Estado para promover la competitividad. La iniciativa privada necesita, particularmente en esos aspectos, conocer las reglas del juego e identificar con claridad los mecanismos que el Estado pone a su disposición para este fin.
Finalmente, planteamos un aspecto de orden práctico, no por ello sin importancia para la definición de política pública y estrategias de desarrollo tecnológico. Nos referimos a la no visibilidad de las estructuras del Estado vinculadas a este proceso y mucho menos de sus interrelaciones formales o funcionales. El problema es que no tiene precisión sobre los diversos organismos o instancias que desde el Estado están involucrados en la promoción del desarrollo tecnológico, no están sus funciones explícitamente definidas dentro de este campo, ni sus funcionarios y directivos están claramente informados o en conocimiento de la vinculación o influencia que efectivamente tiene sobre el asunto. Este es un problema central para el desarrollo de una política tecnológica. De nuevo se trata de crear y difundir entre el aparato del Estado directamente vinculado a estos asuntos, la información necesaria para entender sus funciones y proyectarlas en el tiempo.
Ello plantea: a.- las necesidades de conocer en detalle la organización y normativa atinente; b.- identificar sus dificultades y contradicciones; c.- hacer que se conozca íntimamente esa organización y normativa, tanto a los funcionarios del Estado como al resto de la sociedad y en particular, a las empresas y, finalmente, d.- crear o desarrollar mecanismos de información y formación, a las instancias y a los funcionarios involucrados, y promover, entre ellos, el sentido de pertenencia a un grupo, con una misión común.