Carlos M. Correa
En Argentina no hay aún esfuerzos de conceptualización y formulación de políticas del tipo mencionado en el punto anterior. La aún precaria estabilidad no ha permitido, por cierto, fijar metas de largo plazo a los actores económicos. La linealidad y profundidad de la reforma arancelaria, empero, da claras señales de una apertura de la economía que se hará cada vez más difícil revertir en el futuro.
Un ambiente de mayor apertura y competencia podría conducir, en teoría, a una mayor innovación, debido a la necesidad de las empresas de competir, aún en el propio mercado doméstico, con productos del exterior. Si bien el tema no ha sido todavía indagado suficientemente, parece claro que no puede predicarse una relación automática entre apertura e innovación, pues el contenido de aquella depende crucialmente del punto de partida del país, en su conjunto, y de las empresas y sectores particularmente involucrados. Para un sector industrial debilitado, carente de crédito, descapitalizado en términos de recursos humanos y de equipo, una brusca apertura puede ser más el incentivo al cierre definitivo que a una innovación que simplemente no puede encarar.
Cómo pueden las políticas públicas contribuir, en el contexto descrito, a la superación de los obstáculos –que no son menores- para promover el desarrollo del conocimiento científico y de la innovación en el sector productivo".
En primer lugar, dada la fuerte restricción fiscal existente, no es posible esperar un nuevo y mayor impulso público de la actividad científico-tecnológica, aunque es claro que los actuales niveles de inversión en ese rubro son absolutamente insuficientes para sostener un proceso dinámico de desarrollo científico e innovación tecnológica. El gasto en investigación y desarrollo del propio sector productivo es también extremadamente bajo. La Argentina deberá mejorar esa inversión si pretende que su inserción en la economía mundial no se efectúe sobre bases fuertemente económicas asimétricas, las que hoy se dan incluso respecto del Brasil, principal socio en el MERCOSUR (4).
Segundo, deberá profundizarse la vinculación del sistema científico-técnico con el productivo. En los últimos años se ha avanzado en esa dirección, como lo atestigua el incremento de contratos de investigación, asesoría o transferencia de tecnología celebrados por el CONICET y por diversas universidades nacionales, así como por la creación de UBATEC S.A., empresa de tecnología de la Universidad de Buenos Aires (Correa, 1991).
Tercero, en lo que hace específicamente a la política tecnológica, es mucho lo que queda por hacer. Por un lado, debe superarse la política "ofertista" que ha prevalecido hasta ahora. No sólo debe atenderse a la creación de conocimientos, sino que cabe actuar sobre la demanda de tecnología y sobre el manejo de ésta en la empresa. Programas de difusión tecnológica –del tipo del Microelectronics Application Programme de Gran Bretaña (5)- pueden contribuir a diseminar tecnologías con un gran potencial para aumentar la productividad, a condición de que ellas sean acompañadas de los cambios de gerencia y organizativos necesarios.
Cuarto, en la formación de recursos humanos debe abandonarse el falso supuesto de que el país no enfrenta restricciones al respecto. Por una parte, son necesarios cambios de fondo en los contenidos y métodos de enseñanza universitaria, con una mejora de la formación básica, idiomas, metodologías de formulación y gerencia de proyectos de investigación y desarrollo, gestión de la tecnología en la empresa, entre otras. Debe atenderse también a la educación permanente de los profesionales, especialmente en las áreas de más rápido avance científico- tecnológico. Por otra parte, en la búsqueda de una economía más competitiva, pasa a un primer plano la propia formación y re-entrenamiento de la fuerza laboral, la reforma de las relaciones de trabajo y la adopción de fórmulas de motivación y participación del trabajador.
Quinto, las necesidades en ciencia y tecnología de diversos sectores y el grado de esfuerzo que debería comprometerse, difieren sustancialmente según la naturaleza de sus actividades y su papel en la difusión/ uso de aquellos insumos y la estructura de los mercados, entre otros factores. Se requiere, por tanto, realizar una tarea de programación sectorial, en la que se atiendan, con una visión de mediano plazo, los distintos aspectos mencionados en los párrafos anteriores.
Otros temas igualmente importantes se refieren a los cambios necesarios en la cultura de la producción para mejorar los niveles de calidad; el uso de la cooperación técnica internacional, y la definición de reglas en el campo de la propiedad intelectual que, partiendo de su reconocimiento, contenga empero, elementos moderadores de los monopolios legales conferidos, en particular para habilitar procesos legítimos de ingeniería inversa, perfeccionamiento y nuevos desarrollos.
Por último, debe rescatarse, en la medida de lo posible, la aplicación de instrumentos ya existentes y que han probado su eficacia en otros países, incluyendo los desarrollados. Tal es el caso de los regímenes de compra nacional (6). Si bien su efecto potencial quedará sensiblemente disminuido en la medida que avance el proceso de privatización de empresas públicas (el que ya ha alcanzado la empresa telefónica, la línea aérea estatal y, en curso actualmente, la empresa petrolera).
Por cierto, la instrumentación de políticas del tipo referido en los párrafos precedentes suponen una redefinición del papel del Estado, más no su desaparición de escena. Un Estado con capacidad técnica y política para concertar con el sector privado, orientar la comunidad científica, promover la difusión tecnológica, encarar proyectos precompetitivos, apoyar la formación en los distintos niveles ya indicados, facilitar el financiamiento y la absorción del riesgo en nuevos desarrollos, es esencial para ese fin. Esta es la clase de acciones que desempeñaron los estados nacionales en las experiencias recientes más exitosas de industrialización (Arruda, 1991). Más aún, tal instrumentación supone la adopción de ciertas decisiones estratégicas y de largo plazo –compartidas por el sector público y el privado- en cuanto al perfil industrial del país y de los modos en que éste competirá por la generación y apropiación de valor agregado.